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La apertura de un concurso de acreedores sobre una empresa puede afectar, entre otras, a la responsabilidad tributaria de sus administradores de hecho o de derecho. Esto conlleva ciertos conflictos entre las normas tributaria y concursal que trataremos de explicar en este post. Si después de leerlo considera que necesita un abogado mercantil, contacte con nosotros.

Regulación de la responsabilidad de los administradores en la Ley General Tributaria

La LGT ha regulado en los artículos 42.1.a), 43.1.a) y 43.1.b), supuestos de responsabilidad por la comisión de infracciones solidaria o subsidiaria dependiendo del grado de participación de los administradores y de responsabilidad subsidiaria por el cese de actividad.

Cuestiones previas a tener en cuenta

Actualmente, las facultades patrimoniales del deudor concursado están sometidas a una serie de restricciones dependiendo de la clase de concurso ante el que nos encontremos, voluntario o necesario. En el primer caso el deudor no tiene más limitación que el control al que está sometido por la administración  concursal, o aquellas que le imponga el juez en el auto de declaración del concurso. Sin embargo, en el necesario, se suspenden las facultades de administración y disposición del patrimonio del deudor, siendo en estos casos, sustituido por el administrador concursal. Aun con las limitaciones indicadas, la administración y gerencia del negocio puede permanecer en manos del concursado o de sus administradores, pudiendo incurrir por dicha gestión en distintas responsabilidades.

Tres vías para exigir responsabilidades

La Hacienda Pública como acreedora del concurso, contará con distintas vías para exigir la responsabilidad de los administradores: la mercantil (artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital), la concursal (artículo 172 bis de la Ley Concursal) y la tributaria (artículos 42.1.a), 43.1.a) y 43.1.b) de la Ley General Tributaria)  que es la que veremos con mayor detenimiento. La gran diferencia entre ellas es que las dos primeras se sustanciarán ante los juzgados de lo mercantil y la responsabilidad tributaria podrá exigirse por vía administrativa.

Vamos a ver cada una, centrándonos, como ya he adelantado, en la última de ellas.

 

  1. RESPONSABILIDAD MERCANTIL

En las sociedades limitadas y en las anónimas, la autonomía patrimonial de la sociedad y la de sus miembros es perfectamente diferenciable pues se trata de patrimonios totalmente separados, si bien es cierto, que la Ley de Sociedades de Capital en el artículo 367 establece la responsabilidad de los administradores de la sociedad frente a las deudas contraídas, para los casos en los que habiendo causa legal de disolución, estos no la lleven a cabo.

 

  1. RESPONSABILIDAD CONCURSAL

Junto con esta responsabilidad societaria hay que tener en cuenta que la Ley Concursal prevé la posibilidad de que finalmente los administradores de la empresa concursada tengan que hacerse personalmente cago de las deudas de la misma. Para esto han de concurrir los siguientes requisitos:

  • Que se proceda a la apertura de la sección VI de calificación.
  • Que el concurso se califique como culpable.
  • Que los administradores se incluyan en la sentencia como personas afectadas por la calificación.
  • Que el concurso termine por liquidación.

 

  1. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

La LGT contempla tres supuestos de responsabilidad que afectan a los administradores de una empresa.

  • La responsabilidad subsidiaria de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades del articulo 43.1.b) de la LGT

Este supuesto es el aplicable para los casos de cese de la actividad empresarial. En su virtud, serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria “los administradores de hecho o de derecho de las empresas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de estas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago”.

A parte del hecho en sí de haber cesado en la actividad, de la redacción del artículo se desprende la necesidad de que exista negligencia por parte del administrador, por no haber hecho lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entendemos que este supuesto no tiene cabida en un procedimiento concursal, porque cuando el administrador solicita la apertura del concurso, cuya finalidad es aplicar un convenio para el pago de las deudas con los acreedores o la liquidación de la empresa, difícilmente podrá incurrir éste en responsabilidad.

  • Responsabilidad solidaria de quienes sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria del art. 42.1.a) de la LGT:

Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

  1. Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción”.

Para que los administradores incurran en este supuesto, implica la realización por parte de éstos de actuaciones determinantes y decisivas en la comisión de la infracción.

Siendo este el caso, y cuando no existan bienes embargables para pagar a los acreedores, la Hacienda podrá dirigir la acción de cobro personalmente contra ellos por el impago de las obligaciones tributarias pendientes. Pero, en los casos en los que los administradores de la entidad sean sustituidos por la administración concursal solo responderán de las deudas tributarias anteriores al proceso (créditos concursales), ya que a partir de ese momento la responsabilidad pasara a ser asumida por el administrador concursal.

Este caso no plantea mayor problema a  la Administración, pues a falta de pago por el deudor principal, podrá dirigirse contra los responsables solidarios según lo establecido en el artículo 175 de la LGT:

El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será el siguiente:

  1. Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período.
  2. En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se notificará al responsable”.

 

En estos casos la Administración deberá poner en conocimiento de los juzgados las cantidades que le han sido abonadas para evitar que en la pieza de calificación del concurso o  la declaración de responsabilidad del art. 367 de la LSC se condene a los administradores a pagar créditos ya satisfechos.

  • La responsabilidad subsidiaria por la comisión de infracciones tributarias del articulo 43.1.a) de la LGT:

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones”.

 Este artículo implica que los administradores de hecho o de derecho de la empresa responderán subsidiariamente de las sanciones impuestas y de la totalidad de la deuda tributaria de la sociedad cuando no hayan actuado con la debida diligencia.

La conducta diligente del empresario en el ámbito jurídico, a día de hoy sigue siendo una cuestión muy controvertida, hay opiniones para todos los gustos y hablar sobre ello en profundidad nos daría para otro artículo, por lo que abordaremos este tema  próximamente. A pesar de esto, conviene mencionar que el comportamiento que da lugar a la responsabilidad del administrador puede consistir en una actuación positiva (adoptar acuerdos que hagan posible la comisión de una infracción), omisiva (no realizar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que se han infringido) o de culpa in vigilando (consentir el incumplimiento de quienes de ellos dependan).

El Tribunal Supremo, afirma en la STS de 31 de mayo de 2007, entre otros pronunciamientos, que la condición de administrador es base suficiente para la derivación de responsabilidad, incluso “aunque quedara probada la no participación… en la gestión ordinaria

Este supuesto platea una problemática mayor, pues para exigir la responsabilidad de los administradores de la empresa, se requiere la previa declaración de fallido del deudor principal, de los responsables solidarios (si los hubiera)  y el posterior acto de derivación de la responsabilidad que es el que se notificara al responsable subsidiario, tal y como establece el artículo 176 de LGT.

La cuestión de debate es si la declaración de concurso es suficiente para considerar un crédito como incobrable y por lo tanto para que Hacienda pueda dirigirse contra los administradores de la sociedad con el fin de cobrar las deudas pendientes.

La duda no se plantea cuando se ejecuta por la vía de apremio en virtud del artículo 164 de la LGT, es decir, cuando el embargo de los bienes acordado se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, ya que en este caso la ejecución estaría al margen del concurso.

Sin embargo, con relación a los créditos concursales, (aquellos casos en los que la diligencia de embargo es posterior al auto de declaración de concurso) hay dos teorías:

Por un lado, los que opinan que un crédito se declarara incobrable solo en el marco de un procedimiento de apremio, tal y como establece la LGT y no en otros procesos de declaración de insolvencia. Por lo que la declaración de concurso no legitima a la Hacienda Pública para dirigirse contra el responsable subsidiario. Pero además, si el concurso termina con la firma de un convenio, que incluya quitas a los importes de los créditos, impedirá a la Administración que derive el cobro del importe total contra el responsable subsidiario ya que lo pactado beneficia también al responsable y solo se le podrá exigir la cuantía exigible al deudor principal.

Por otro lado, están los que piensan que el mero hecho de que el crédito tributario no pueda hacerse efectivo por la vía de apremio, es más que suficiente para que Hacienda se dirija contra el responsable subsidiario.

 

En mi opinión, la declaración de concurso no implica que el crédito tributario sea definitivamente incobrable. Es cierto, que el Reglamento General de Recaudación establece que se considerará un crédito incobrable cuando no haya podido hacerse efectivo en el procedimiento de apremio, pero, no olvidemos que los créditos concursales no se pueden realizar por esta vía, debido a que el auto de declaración de concurso es anterior al momento en que dicta la diligencia de embargo y lo prohíbe el artículo 164 de la LGT.

Con lo que llegados a este punto,  habría que esperar a que el concurso se declare culpable y que el administrador sea una de las personas afectadas por la sentencia de calificación (art, 172.2.1º y 172 bis de la LC). Lo que a mi entender parece bastante mas justo, pues el responsable subsidiario no pagará hasta que se haya producido el incumplimiento de la obligación por parte del deudor. 

De acuerdo con este argumento, creo que la Administración Tributaria tendría que esperar el resultado del concurso para poder dirigirse contra los administradores y no concederle mas privilegios de los que ya goza.

Espero que os haya resultado útil, me despido de vosotros hasta el siguiente post.