El artículo 76 de la Ley 22/2003 Concursal (L.C.) determina la composición de la masa activa del concurso estableciendo que, está constituida por  los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o se adquieran hasta la conclusión del procedimiento.

Por otro lado, el artículo 84 L.C, establece que constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a la ley no tengan la consideración de créditos contra la masa.

Por tanto, debemos diferenciar entre dos clases de créditos:

A) Los créditos contra la masa.

Son los que surgen tras la declaración de concurso, deben ser pagados en el momento de su vencimiento y se exceptúan del régimen de comunicación y reconocimiento de créditos.

Tienen la consideración de prededucibles en el sentido de que han de ser satisfechos con cargo a la masa activa, con los bienes y derechos, propiedad del deudor, que NO estén afectos a créditos con privilegio especial y  con carácter previo al pago de los demás créditos (art.154 L.C.)

El art. 84.2 L.C. recoge las deudas que serán calificadas de esta forma:

  • Los créditos por salarios por los últimos 30 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.
  • Las costas y gastos judiciales necesarios para la correcta tramitación del procedimiento y sus incidentes.
  • Las costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en la ley.
  • Los créditos por alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber legal de prestarlos, conforme a lo dispuesto en la ley concursal; así como los alimentos a cargo del concursado acordados por el juez de primera instancia en algunos de los procesos a qué se refiere el título primero del libro cuarto de la ley de enjuiciamiento civil.
  • Las deudas generadas por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral.
  • Los créditos que resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución en indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado.
  • Los que, en los casos de pago de créditos con privilegio especial sin realización de los bienes o derechos afectos, en los de rehabilitación de contratos o de enervación de desahucio y en los demás previstas en esta ley, correspondan por las cantidades debidas y las de vencimiento futuro a cargo del concursado.
  • Las deudas que derivando de la rescisión concursal de actos realizados por el deudor correspondan a la devolución de contraprestaciones recibidas por este, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el titular de este crédito.
  • Las cantidades que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por la administración concursal de o con la autorización o conformidad de esta, por el concursado sometido a intervención.
  • Los créditos por obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extra contractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso.
  • El 50% de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación. En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio.
  • Cualesquiera otros créditos a los que la ley atribuya expresamente tal consideración.

En definitiva, se pueden entender cómo créditos que han nacido tras la declaración de concurso, a diferencia de los concursales que son los que lo han provocado.

Para entender la prioridad en el cobro de estos créditos debemos atender a la función de los mismos  y a su naturaleza extraconcursal,  pues, es necesario otorgar cierta seguridad a las obligaciones que surgen con posterioridad a la declaración de concurso ya que otro modo sería imposible encontrar a un tercero que concediera financiación al concursado.

Por último resaltar que el mero hecho de ser titular de un crédito contra la masa no quiere decir que este se vea siempre satisfecho, con relativa frecuencia nos encontramos con concursos en los que la masa activa no es suficiente para hacer frente a los créditos contra la masa, en estos casos,  los acreedores insatisfechos, una vez concluido el concurso tienen diferentes opciones, como exigir responsabilidad a la administración concursal por desatender el pago de sus créditos en predicción; repetir contra los acreedores concursales por crédito satisfechos indebidamente; o actuar contra el deudor ejercitando su derecho.

B) Los créditos concursales.

Junto con los créditos contra la masa, se encuentran las deudas que existían antes de la declaración judicial que inicia el procedimiento.

Los titulares de estos derechos serán incluidos además en la lista de acreedores que realiza el administrador concursal y estarán sujetos a las reglas de comunicación y reconocimiento de créditos, así como, al resto de disposiciones de la ley concursal.

Podemos encontrar créditos concursales de cuatro tipos con privilegio especial, con privilegio general, ordinarios y subordinados. Cada uno de ellos ocupa un lugar distinto en el orden de prelación de pagos, de manera que comenzaremos por los que se satisfacen en primer lugar, iremos bajando hasta los que se liquidan en último lugar.

  • Créditos con privilegio especial: son los que se satisfacen en primer término, están garantizados con un bien en concreto y hasta donde alcance el valor del bien.

Se trata de los créditos que aparecen en el artículo 90 L.C.,  garantizados con hipoteca, prenda, anticrisis, garantía de valores mediante anotaciones en cuenta y las cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado.

Las reglas que rigen el pago de estos créditos se encuentran en el artículo 155 de la Ley Concursal.

  • Créditos con privilegio general: regulados por el artículo 91 de la Ley Concursal, mientras que la forma de satisfacerlos está en la artículo 156 del mismo texto legal. Se pagan tras los créditos contra la masa y los especialmente privilegiados.

Existe un orden concreto para organizar el pago de este tipo de créditos:

  • Salarios hasta el límite del triple del salario mínimo interprofesional y por el numero de días pendiente de pago, indemnizaciones derivadas de la extinción de contratos, indemnizaciones por accidentes laborales.
  • Cantidades correspondientes a retenciones de seguridad social y tributarias.
  • Créditos tributarios y demás de derecho público hasta el 50% de su importe.
  • Créditos por responsabilidad civil extra contractual.
  • Créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería en el marco de acuerdos de refinanciación en cuantía no reconocida como créditos contra la masa.
  • Créditos de los que es acreedor aquel que insta el concurso siempre que no pueda calificarse su crédito como subordinado y hasta el 50% de su importe.
  • Créditos ordinarios: La definición de estos se hace por exclusión, se entenderán clasificados como créditos ordinarios aquellos que no se encuentren calificados en esta ley como privilegiados ni como subordinados artículo 89.3 de la ley concursal. Son el cuarto escalón de este esquema, su pago se efectuará una vez se haya satisfecho los créditos contra la masa y los privilegiados.
  • Créditos subordinados: Son el último peldaño dentro de la ordenación de deudas concursales. El pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los créditos ordinarios y se efectuará por el orden establecido en el artículo 92 de la Ley Concursal y en su caso a prorratas dentro de cada número (artículo 158 L.C.)

Serán calificados como tal:

  • Los que habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores.
  • Los que tengan el carácter de subordinados en virtud de un pacto contractual.
  • Los recargos e intereses, multas, sanciones y similares.
  • Créditos cuyo acreedor es una persona especialmente relacionada con el deudor.
  • Los créditos que como consecuencia de rescisión concursal resulten a favor de quien en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.
  • Los créditos provenientes de determinados contratos en que una de las partes obstaculiza el cumplimiento de la otra en perjuicio del concurso.

Para concluir, añadir que el procedimiento de clasificación de créditos será llevado a cabo por el administrador concursal y emitido por escrito al juez encargado del concurso, que en caso de conflicto, será el que resuelva. Como acabamos de ver, la calificación puede determinar que el crédito, se termine cobrando o no, debido a que cada acreedor tiene que esperar a que cobren los que están delante de él y en su caso prorratear con lo que están en su mismo grupo.

Dado que el proceso es arduo y engorroso, es muy posible que nos encontremos con situaciones muy variadas y todas ellas de enorme complejidad, por lo que es muy recomendable, hacer un estudio exhaustivo de cada caso concreto y ponerse en manos de profesionales que le asesoren y garanticen sus intereses.