Con esta entrada me gustaría comentar algunos aspectos de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada el pasado  21 de diciembre sobre la retroactividad de la nulidad de las clausulas suelo.

La califico de inesperada porque unos meses antes de que se dictara, concretamente en el mes de julio,  el Abogado General Paolo Mengozzi, a través del comunicado de prensa nº 75/16 se pronunció a favor de la banca española, concluyendo que la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de la clausula suelo incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España era perfectamente compatible con el Derecho de la Unión Europea.  Aunque,  las conclusiones del Abogado General no vinculan la decisión del Tribunal de Justicia,  al tratarse de una propuesta independiente e imparcial para dar una solución jurídica al asunto del que se ocupa,  en un porcentaje bastante elevado de casos,  puede coincidir, con el fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia.

cláusula suelo

Dicho esto y para centrar un poco el tema, considero necesario hacer un breve repaso del marco jurídico europeo y nacional en esta materia.

La Directiva Europea 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las clausulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,  en sus artículos 6.1 y 7.1 determina que debemos proteger a los consumidores de dichas clausulas, evitando que queden vinculados a ellas, además, incluye que los estados miembros deben promover medidas eficaces para que esta protección sea real.

En el ámbito nacional, el artículo 1303 del Código Civil determina que los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubieran sido objeto del contrato, una vez declarada la nulidad de una obligación.

Por otro lado, el RDL 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) y la Ley 7/1998 sobre  Condiciones Generales de la Contratación de 13 de abril (LCGC), prohíben las clausulas abusivas y las declaran nulas de pleno derecho.

El Tribunal Supremo el día 9 de mayo de 2013 dictó una sentencia reconociendo que las clausulas suelo eran clausulas abusivas por considerar que, aunque cumplían con los requisitos del artículo 4 de la Directiva en cuanto que estaban redactadas de forma clara y comprensible, no se cumplía la exigencia de transparencia material puesto que las entidades bancarias no habían informado a los consumidores en el momento de la celebración, que los contratos de préstamo contenían una clausula suelo.

En derecho, declarar una clausula nula es lo mismo que decir que ésta nunca ha existido, por lo que se debe tener  por no puesta, y sus  efectos conlleva  la devolución de las cantidades pagadas indebidamente por este concepto desde el momento en que se suscribió el contrato con la entidad de crédito.

En este caso, lo que ha ocurrido es que, al tratarse de una demanda colectiva, el Tribunal Supremo puso una limitación temporal a la retroactividad de la nulidad de dichas clausulas, de manera que solo surtiría efectos a partir de la fecha de la publicación de la sentencia, considerando que  de lo contrario existiría un riesgo de trastornos económicos graves para el sistema bancario español.

Sin embargo, este riesgo parece ser que solo se contemplaba para la banca y no para los consumidores a los que se les había obligado a pagar indebidamente y en plena crisis económica, unas cantidades en la mayoría de los casos a partir del año 2009 momento en que comenzaron las bajadas del EURIBOR.

En la sentencia nº 139/2015, de 25 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo confirmó la limitación de los efectos retroactivos de la nulidad de una clausula suelo en el marco de una demanda individual, por lo que se hizo extensiva a las acciones individuales la solución adoptada anteriormente por la sentencia de 9 de mayo de 2013.

Como consecuencia de todo lo anterior, algunos Tribunales de nuestro país, concretamente el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante, cayeron en la cuenta de que el Tribunal Supremo estaba infringiendo la normativa europea, decidiendo en ambos casos suspender sus procedimientos y preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el hecho de limitar hasta el año 2013 la eficacia de la nulidad era conforme al derecho de la Unión o no. También preguntaron si los jueces pueden intervenir o moderar los efectos de las clausulas abusivas.

Al respecto de esta consulta, tanto el gobierno como algunas entidades financieras formularon una serie de alegaciones diciendo que la Directiva 93/13 no era de aplicación porque ya se había dictado la sentencia del Tribunal  Supremo que era aun más proteccionista que aquella.

 A esta cuestión responde el TJUE diciendo que la Directiva sí es de aplicación porque los consumidores no tenían la información necesaria sobre las condiciones contractuales, ni sobre sus consecuencias, antes del momento de la firma del préstamo hipotecario.

En cuanto a los efectos de la retroactividad de la nulidad, el TJUE ha dictaminado que los bancos tendrán que devolver la totalidad del dinero indebidamente cobrado como consecuencia de la aplicación de las clausulas declaradas abusivas, desde el momento en que el contrato fue suscrito con la entidad financiera.

En uno de los párrafos de esta sentencia se dice literalmente que “… los órganos jurisdiccionales remitentes (Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante)están vinculados por la interpretación del Derecho de la unión que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, dichos órganos deberán de abstenerse de aplicar, en el ejercicio de su propia autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, puesto que la limitación no resulta compatible con el Derecho de la Unión.”

El efecto principal en términos jurídicos es que se deben retrotraer  las actuaciones  al principio y colocar la situación del consumidor en el momento mismo en que fue suscrito el préstamo, teniendo por no puesta la clausula suelo.

Ahora, se plantean algunas dudas, pues el TJUE a través de este pronunciamiento establece un marco jurídico que no es de aplicación directa, lo que significa que los Jueces y Tribunales españoles a la hora de decidir en virtud de resolución judicial todas aquellas cuestiones que se le planteen en lo sucesivo o que se le hayan podido plantear con anterioridad y aun no estén resueltas por sentencia firme tienen que hacerlo con arreglo a la sentencia dictada el 21 de diciembre que es un marco ineludible, de aplicación no directa, pero, sí obligatoria.

Ahora bien, ¿qué ocurre con las resoluciones que se hubieren dictado ya y que hayan adquirido firmeza?  Personalmente,  considero que cuando existe una sentencia firme, con efecto de cosa juzgada, no podrá verse afectada por la decisión del TJUE, puesto que resultaría muy complicado encuadrarla en los motivos previstos en el artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el recurso de revisión.

Para finalizar, me gustaría hacerlo con una advertencia. Es muy posible, que a resultas del pronunciamiento del Tribunal de Justicia, los bancos sabiendo que no tiene ninguna opción de que se vean estimadas sus pretensiones por los Jueces y  Tribunales de nuestros país, propongan al consumidor afectado soluciones como una reestructuración del préstamo, cambiar el tipo variable o cualquier otro pacto, a cambio de cerrar el acuerdo de manera casi  inmediata.

Desde el Despacho recomendamos que antes de dar un paso en cualquier sentido y antes de acceder a ningún tipo de negociación con las entidades financieras, os informéis bien de lo que os conviene hacer, y no accedáis a ningún pacto a cambio de renunciar a recuperar lo que es vuestro.

Esperando que os sirva de utilidad, recibid un saludo.

Atentamente.

ZUGASTI ABOGADOS