El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, la semana pasada dictó una sentencia acordando el cierre definitivo de la web Rojadirecta por establecer enlaces “piratas” a contenidos audiovisuales.

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A propósito de esta noticia, abordaremos en este artículo la legalidad de los enlaces en la red.

Insertar enlaces en la red es una práctica muy común y totalmente aceptada por los usuarios de internet, además, su uso resulta esencial para el buen funcionamiento de la misma, en el sentido de que favorece el intercambio de opiniones y de información. Pero, tenemos que tener en cuenta que para poder utilizarlos debemos reunir una serie de condiciones, pues, de lo contrario podríamos tener problemas debido a la repercusión directa que tiene sobre algunos derechos como la libertad de expresión y de información, competencia desleal, publicidad ilícita y los derechos de autor, que es sobre el que nos vamos a centrar.

El artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE establece a favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras.

La finalidad de este precepto es equilibrar los intereses de los titulares de los derechos de autor y los intereses y derechos fundamentales de los usuarios de esos contenidos protegidos.

Por otro lado, la Ley de Propiedad Intelectual, otorga al autor de una obra un monopolio para la explotación económica de la misma que no podrá llevarse a cabo sin su consentimiento. Son los llamados derechos de explotación y aunque es una lista abierta, menciona expresamente los siguientes: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

En este sentido hemos de señalar que insertar enlaces en la red puede vulnerar directa mente dos de los derechos señalados con anterioridad.

Respecto al derecho de reproducción, es evidente que la activación de un enlace supone la realización de una copia temporal en la memoria del equipo del usuario para la visualización del contenido, si bien, estaría exenta de autorización del titular, al poder acogerse al límite previsto en el artículo 31.1 de la LPI que establece que,  “no requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional a los que se refiere el artículo 18 que, además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiendo por tal la autorizada por el autor o por la ley”.

Respecto al derecho de comunicación pública, el TJUE ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este asunto en dos sentencias, conocidas como asunto Svensson (STJUE de 13 de febrero de 2014) y asunto Best Water (STJUE de 21 de octubre de 2014).

En la primera, el Tribunal consideró con carácter general que un enlace supone un acto de comunicación pública cuando cumpla los requisitos que para el nacimiento de dicho acto exige el artículo 3.1 de la Directiva que es, poner a disposición del público contenidos protegidos, entendiendo como publico un conjunto de usuarios potenciales indeterminado y considerable.

Ahora bien, puesto que en el caso concreto analizado los materiales enlazados estaban configurados en internet como de libre acceso, el TJUE consideró que al no dirigirse a un público nuevo, tal acto no exigía autorización de los titulares de derechos.

La sentencia entiende que al destinarse el enlace a un público que ya había sido tenido en cuenta por el titular de los derechos cuando autorizó la comunicación inicial, no nos encontramos con un acto de comunicación pública de los previstos en el citado artículo de la Directiva.

En la sentencia sobre el asunto Best Water, el TJUE consideró que tampoco se produce un acto de comunicación pública sujeto a autorización del titular de los derechos de aquellos enlaces enmarcados o frames (los que el usuario ve el contenido de una página web enmarcado por un contexto distinto  del original que pertenece a la pagina donde se coloca el marco),  cuando cumplan lo siguiente:

  • No se comunique a un público nuevo (asunto Svensson).
  • Que no se utilice un medio técnico distinto del de la comunicación de origen.

La solución adoptada por el TJUE en ambas sentencias, han servido para aclarar bastante acerca de la legalidad de los enlaces, pero, no detalla suficientemente los motivos que le llevan a esta conclusión y por ello, no es del todo satisfactoria, teniendo en cuenta la controversia existente. Veamos,  los enlaces aunque sean actos de puesta a disposición, no son considerados actos de comunicación pública en el sentido de la Directiva que requieran la autorización de los titulares de los derechos, salvo que se dirijan a un público nuevo no contemplado por los mismos. Entonces,  ¿qué ocurre cuando el contenido de la página enlazada infringe los derechos de autor por no tener autorización del titular? ¿Existiría en este supuesto un público nuevo?

El TJUE, no ha resuelto esta cuestión de hecho en las anteriores sentencias pueden encontrarse argumentos no definitivos a favor y en contra. En este caso, los destinatarios potenciales del enlace pueden ser los mismos que los de la comunicación inicial, pero también puede argumentarse que no había sido contemplado por los titulares de los derechos. Por lo que habrá que esperar a futuros pronunciamientos, para aclarar esta cuestión.

Por último, me gustaría advertir que aunque enlazar contenidos protegidos,  con los matices que hemos visto en este post, sea lícito desde la normativa de propiedad intelectual, no significa que no pueda infringir otro tipo de regulaciones como seria por ejemplo la de competencia desleal si el establecimiento del enlace pudiera generar riesgo de confusión o un acto de explotación de reputación ajena. Por este motivo, consideramos necesario asesorarse bien antes de asumir riesgos derivados de una actividad que a pesar de ser frecuente en el mundo de Internet puede tener consecuencias negativas desde el punto de vista legal.

Un saludo.-